El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha advertido de que los 93 municipios de la provincia afrontan serias dificultades para mantener los servicios públicos básicos y están «al borde del colapso financiero». Atribuyó la situación a la financiación insuficiente y a la asunción continuada de competencias que formalmente no corresponden a las administraciones locales.
Formoso realizó estas declaraciones ante la Comisión de Economía del Parlamento de Galicia, donde presentó las cuentas de la institución provincial para 2027, el último año del mandato actual. El presupuesto propuesto alcanzaría los 293,93 millones de euros, un aumento anual del 14,6%, lo que lo convertiría en el mayor de la historia de la institución. Afirmó que casi todos los recursos adicionales procederían de un aumento de las transferencias estatales.
Según Formoso, los suministros energéticos, el tratamiento de aguas residuales, la recogida y gestión de residuos y los servicios de ayuda a domicilio están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los presupuestos municipales. Sostuvo que la falta de financiación para los gobiernos locales está ampliando las desigualdades sociales, sanitarias y territoriales, porque los servicios municipales responden directamente a las necesidades esenciales de los residentes.
También criticó la transferencia a los ayuntamientos de las denominadas competencias impropias sin evaluar su coste real ni proporcionar los fondos necesarios para prestar esos servicios. La propuesta de presupuesto de la Xunta de Galicia para 2027 incluye un aumento del 8,4% de la parte incondicionada del Fondo de Cooperación Local de Galicia, que ascenderá a 170 millones de euros para los 313 municipios de la región. Formoso reconoció el incremento, pero afirmó que seguía siendo insuficiente.
Afirmó que el esfuerzo presupuestario relativo de la Diputación para apoyar a los municipios es 20 veces mayor que el de la Xunta de Galicia. También criticó que la Diputación de A Coruña no reciba fondos del fondo de cooperación autonómica, y sostuvo que esto entra en conflicto con el principio constitucional de que las administraciones locales, incluidas las provincias, deben participar en los ingresos tributarios autonómicos.
Formoso instó al Parlamento de Galicia a emprender una reforma profunda de la financiación local mientras tramita la ley autonómica de administración local.
El presupuesto provincial propuesto incluye un aumento del 4,54% para el Plan Único de Concellos, dotado inicialmente con 92 millones de euros para obras y servicios municipales. El gasto social también aumentaría un 4,6%, hasta los 34,555 millones de euros, lo que representa el 11,75% del gasto total. La mayor parte del incremento se destinaría al servicio de ayuda a domicilio, para el que la Diputación prevé financiar 395.804 horas.
El presidente destacó iniciativas destinadas a hacer frente a la despoblación y al envejecimiento, entre ellas Mercanavila y los centros residenciales de apoyo para personas mayores previstos. Está previsto que los primeros centros se ubiquen en As Pontes, Rianxo y Ordes. Cada instalación contará, según la descripción, con 59 plazas distribuidas en cuatro unidades de convivencia.
Formoso afirmó que la Diputación mantendría una deuda cero, no contrataría préstamos y mantendría congeladas las tasas y los precios públicos provinciales.
Durante la sesión de la comisión, la diputada socialista Patricia Iglesias elogió el enfoque de la institución provincial y acusó al Partido Popular de transferir competencias a los municipios sin la financiación necesaria. La diputada del BNG Iria Taibo reclamó una reforma urgente de la financiación local y afirmó que los ayuntamientos estaban asumiendo competencias debido a la acción o inacción de la Xunta de Galicia.
La oposición rechazó las críticas al presupuesto autonómico. Su representante describió la postura de Formoso como contradictoria, porque afirmó que la Diputación no necesitaba endeudarse ni aumentar las tasas mientras sostenía al mismo tiempo que los municipios afrontaban problemas de financiación. El representante también acusó a la institución provincial de eludir las normas sobre subvenciones públicas al contratar a una asociación vinculada a destacados miembros del BNG, una afirmación que fue rechazada por los partidos gobernantes.
Fuentes: elDiario.es.