El malestar social en Francia sigue creciendo, con un movimiento que comenzó a mediados de septiembre entre estudiantes de la región de París y que ahora cuenta con el apoyo de trabajadores afectados por el aumento del coste de vida. Las manifestaciones celebradas en todo el país el 31 de octubre llevaron a las calles a entre 320.000 y 500.000 personas, según las cifras citadas en la fuente.

Los sindicatos y las organizaciones juveniles han convocado otra jornada de movilización para el 5 de noviembre. La CGT ha instado a los trabajadores a ampliar el movimiento huelguístico, mientras que se esperan bloqueos de centros escolares al comienzo de la semana.

El Gobierno afronta serias limitaciones para responder a las protestas. Carece de mayoría en la Asamblea Nacional, dispone de poco margen presupuestario y tiene una capacidad limitada para reducir la dependencia de Francia de los hidrocarburos. Las medidas ya anunciadas, incluidos los cambios en Parcoursup, la plataforma automatizada utilizada para las solicitudes de educación superior, no han logrado hasta ahora producir un efecto perceptible en la movilización.

Las conversaciones entre el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, y los interlocutores sociales podrían dar lugar a anuncios sobre el salario mínimo, pero es poco probable que esas medidas satisfagan las expectativas expresadas por las organizaciones de trabajadores.

A menos de seis meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, varios candidatos declarados han presentado propuestas sobre los salarios y la educación. Jean-Luc Mélenchon respalda las demandas de las organizaciones estudiantiles y de alumnos de secundaria, incluida la abolición de Parcoursup. Sin embargo, la propuesta aún no incluye una alternativa suficientemente detallada para gestionar una situación en la que la oferta de plazas universitarias podría quedar muy por debajo de la demanda. La financiación y el calendario de su promesa de crear 250.000 plazas universitarias también siguen sin estar claros.

Raphaël Glucksmann presentó un plan para poner fin a la crisis a finales de octubre. Incluye becas más cuantiosas y la abolición de Parcoursup, además de un debate nacional propuesto sobre las cuestiones relacionadas con la juventud, destinado a desarrollar un sistema de sustitución. El plan no ofrece detalles precisos sobre su financiación y es poco probable que convenza a los jóvenes implicados en las protestas.

En la derecha y la extrema derecha, la respuesta ha sido más limitada. Marine Le Pen, candidata de Agrupación Nacional, busca presentar a su partido como una fuerza del orden, pero no ha ofrecido una respuesta política importante a la crisis de la juventud. Édouard Philippe y Bruno Retailleau se han centrado, en cambio, en condenar la violencia, anunciar medidas de seguridad y abordar la inmigración, posiciones que coinciden con las de Agrupación Nacional.

El próximo presidente asumirá el cargo en mayo de 2027 en un país descrito como agotado y enfadado, y afrontará el desafío de encontrar una salida a la crisis bajo severas restricciones económicas. La movilización continua ha aumentado la presión sobre todas las fuerzas políticas para que ofrezcan una respuesta concreta.

Fuentes: Le Monde Politique.