El gobierno español está trabajando activamente para disipar las expectativas de una dimisión inmediata del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente del tren en Urda. Este incidente marca la segunda gran catástrofe ferroviaria en menos de un año en la misma línea de alta velocidad que conecta Madrid y Andalucía, donde se han registrado al menos 115 muertes en los últimos diez meses. A pesar de la significativa presión de la mayoría de los socios de coalición, la oposición y la opinión pública, los mensajes tanto del palacio presidencial de La Moncloa como del círculo cercano del ministro están unificados: Puente no dimitirá e intenta defender vigorosamente su gestión en los próximos días.
Para aclarar la situación, está programada una rueda de prensa para el viernes, donde el equipo de Puente promete proporcionar más detalles sobre la investigación en curso. Posteriormente, el ministro comparecerá ante el Congreso de los Diputados el martes. Esta agenda oficial tiene como objetivo calmar las especulaciones sobre su futuro en medio de la amplia crítica de los grupos de izquierda y de todo el bloque de derecha, que ya están exigiendo responsabilidades políticas. El gobierno mantiene que el choque, que ocurrió el miércoles por la mañana entre un tren AVE de Renfe y un tren Iryo y que cobró al menos 69 vidas, fue causado principalmente por un error humano de un operador del centro de control en lugar de cualquier fallo en la gestión política del ministro.
El presidente Pedro Sánchez se ha alineado con esta narrativa, declarando anteriormente que dos catástrofes ferroviarias en menos de un año son "inaceptables para un país como España". Si bien algunos dentro del propio círculo de Puente cuestionaron inicialmente su capacidad para resistir las consecuencias emocionales y políticas, la administración ha decidido protegerlo. Durante una comparecencia ante la prensa el miércoles por la mañana, el propio Puente no descartó por completo la dimisión en ese momento, declarando que su enfoque estaba en aclarar la situación en lugar de preocupaciones personales. Sin embargo, su equipo ahora afirma que se dedicará a resolver la crisis sin ceder a las llamadas para su marcha.
Los socios de coalición de izquierda están exigiendo cada vez más responsabilidades. Si bien solo el Frente Amplio pidió inicialmente que se asumieran responsabilidades dentro del gobierno, tanto ERC como el PNV se unieron a esta postura el jueves. Gabriel Rufián de ERC argumentó que un error humano refleja un sistema de seguridad fallido donde una sola persona es responsable de cientos de vidas. De manera similar, Maribel Vaquero del PNV insistió en que las responsabilidades técnicas y políticas deben asumirse en el nivel más alto. Podemos y la alianza de Ada Colau criticaron el enfoque en el error individual de un trabajador, señalando en cambio un sistema ferroviario sobrecargado con mantenimiento insuficiente y protocolos de seguridad obsoletos resultantes de la liberalización del mercado.
La oposición también ha intensificado su presión. El Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, mantuvo inicialmente una línea de contención pero escaló las demandas el viernes por la mañana, con la portavoz Ester Muñoz exigiendo la dimisión inmediata de Puente antes de su comparecencia del martes. Feijóo visitó el lugar del accidente y argumentó que las responsabilidades políticas no son opcionales y no pueden esperar a la conclusión de las investigaciones judiciales. Criticó al gobierno por culpar a un operador de Atocha, sugiriendo que existe una "responsabilidad superior". El PP exigió además que el presidente Sánchez compareciera ante la Delegación Permanente del Congreso, considerando insuficiente la comparecencia de Puente dado el papel de Sánchez en su nombramiento y en la dirección de la gestión ferroviaria.
Vox ha adoptado una línea aún más dura, presentando una denuncia legal contra Puente y utilizando la tragedia como herramienta electoral sin suspender su campaña. El partido describió la situación como convertir a España en "Burkina Faso" y pidió la reconstrucción completa del sistema que afirman haber sido destruido.
Fuentes: elDiario.es.