España ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que la Comisión Europea no la clasifique como país sometido a presión migratoria, una condición que puede hacer que los países reúnan los requisitos para recibir apoyo financiero y para que se traslade a migrantes a otros Estados miembros de la UE. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expuso las objeciones del Gobierno en una carta dirigida al comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, según elDiario.es, que informó de haber visto la carta.
En la evaluación anterior, de noviembre de 2025, se describió a España, Italia, Grecia y Chipre como países sometidos a una gran presión migratoria. Grande-Marlaska sostiene que excluir ahora a España pasaría por alto la magnitud de los acontecimientos ocurridos en Ceuta los días 30 y 31 de julio, cuando 80.000 personas cruzaron la frontera entre Marruecos y España. Describe el episodio como una emergencia migratoria extraordinaria.
El ministro afirma que el enfoque de la Comisión penalizaría a España por sus esfuerzos para prevenir la migración irregular en cooperación con socios africanos. Según sostiene, esos esfuerzos se reflejan en un menor número de operaciones de búsqueda y rescate durante el período evaluado. También afirma que la evaluación debería tener en cuenta la presión a más largo plazo sobre las rutas hacia España, incluidas las 2.500 llegadas irregulares a las islas Canarias durante las dos últimas semanas. Según la carta, esa cifra representa el 22% de las 11.470 llegadas registradas en las islas en 2026.
Grande-Marlaska advierte que España sería el único país que cambiaría de categoría en el ciclo actual y, por tanto, quedaría excluida de los mecanismos de solidaridad. También señala que España aún no ha recibido las contribuciones financieras que se le asignaron en el marco de solidaridad de 2026. A su juicio, la evaluación debería reconocer tanto la crisis de Ceuta como el carácter continuado de la presión migratoria sobre España.
El ministro también alude a la financiación de la UE que ya ha recibido España. La Comisión aprobó 244 millones de euros adicionales para el programa del Fondo de Asilo, Migración e Integración de España correspondiente al período 2021–2027, lo que elevó a 812 millones de euros el total asignado a través del programa. España también ha recibido 82 millones de euros mediante el mecanismo temático del Fondo y 114,7 millones de euros en asistencia de emergencia vinculada a la situación en Ceuta. Grande-Marlaska cita esa ayuda de emergencia como prueba de que España se enfrentó a presión migratoria.
Afirma que decidir no clasificar a España en consecuencia plantearía dudas sobre si los países que reducen la migración irregular en un año podrían dejar de ser reconocidos por la presión acumulada a la que se enfrentan. La carta advierte de que el Pacto de Migración y Asilo de la UE corre el riesgo de perder credibilidad si las evaluaciones no reflejan la situación y los desafíos a los que se enfrentan los Estados miembros.
La disputa se produce en medio de divisiones más amplias sobre la política migratoria. En el último Consejo Europeo, España, con el respaldo de Portugal, Luxemburgo y Francia, bloqueó un intento de Dinamarca, Polonia e Italia de incluir un texto que se opusiera a medidas que pudieran fomentar la migración, una iniciativa que se entendió como una referencia al programa de regularización de España. Según el informe, los tres países también pretendían que la Comisión asumiera un papel de coordinación más amplio en las políticas migratorias nacionales.
Fuentes: elDiario.es.