La Asamblea Nacional francesa rechazó el miércoles 4 de noviembre el proyecto de presupuesto estatal para 2027, con 458 votos en contra y dos abstenciones. La votación se produjo después de que se introdujeran cambios en la propuesta del Gobierno y significa que el proyecto se enviará al Senado en su versión original. Los legisladores no debatieron en el pleno la sección relativa al gasto, después de que esta fuera rechazada previamente en comisión.
El Gobierno afirmó que la búsqueda de un acuerdo se llevaría a cabo después del examen del Senado. Está previsto que el Senado empiece a examinar el proyecto el 20 de noviembre; podría alcanzarse un acuerdo en diciembre basándose en la propuesta inicial del Gobierno y en la versión del Senado, o cuando el proyecto vuelva a la Asamblea Nacional para una nueva lectura.
El ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, afirmó que las enmiendas presentadas por los legisladores podrían elevar el déficit al 5,9 % del producto interior bruto, frente al objetivo del 5 % fijado en la propuesta del Gobierno. El proyecto se había propuesto inicialmente reducir el déficit público al 5 % del PIB en 2027, frente al 5,4 % previsto para este año, mediante un ahorro de unos 43.000 millones de euros. Varios legisladores y el ministro han cuestionado que ese objetivo siga siendo alcanzable ante un crecimiento inferior al esperado.
Durante unos diez días de debate, los legisladores suprimieron varias medidas de ahorro propuestas, incluidos cambios que afectaban a las deducciones fiscales de los pensionistas y a las autoridades locales, así como un recargo sobre los beneficios de las grandes empresas. Laurent Marcangeli, líder parlamentario de Horizons, dijo que el proyecto había sido modificado sustancialmente y pidió una versión responsable ante el debilitamiento de las perspectivas económicas.
El Gobierno podría intentar aprobar el presupuesto en diciembre recurriendo al artículo 49.3 o a una orden presupuestaria. La primera opción dependería de que el Gobierno evitara una moción de censura respaldada por la Agrupación Nacional o el Partido Socialista. La segunda, que nunca se ha utilizado, podría limitar la capacidad del Gobierno para revisar el proyecto a su conveniencia.
Fuentes: Le Monde Politique.