La diputada federal Luciene Cavalcante, el legislador estatal Carlos Giannazi y el concejal de la ciudad de São Paulo Celso Giannazi, todos miembros de PSOL, presentaron el viernes 30 de octubre una denuncia ante la Fiscalía del Estado para pedirle que investigue la destitución de Silvana Pereira Gimenes de un cargo directivo en la administración del gobernador Tarcísio de Freitas. Gimenes sigue siendo empleada pública.

Gimenes había trabajado en el servicio público durante 41 años y coordinaba el desarrollo de programas en la Secretaría Estatal de Derechos de las Personas con Discapacidad. Su destitución se publicó en el Diario Oficial del estado el 28 de octubre. Se produjo después de que criticara en las redes sociales al senador Flávio Bolsonaro, quien se había referido al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como «nueve dedos» durante un debate en TV Globo. El comentario ha sido calificado de capacitista.

En su denuncia, los políticos de PSOL piden a los fiscales que examinen si la destitución implicó represalias políticas, desviación de finalidad o una vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. La denuncia está dirigida a los fiscales responsables del patrimonio público y los asuntos sociales, y menciona a Tarcísio y al secretario estatal de Derechos de las Personas con Discapacidad, Marcos da Costa.

El gobierno estatal niega que las críticas de Gimenes a Flávio Bolsonaro, aliado del gobernador, influyeran en la decisión. Afirmó que su destitución se debió a ajustes administrativos en la secretaría. Costa dijo que la decisión fue suya y que se tomó para reorganizar las responsabilidades y evitar la duplicación de funciones. Aseguró que ni asuntos personales ni las declaraciones políticas de la empleada motivaron la decisión.

Los legisladores solicitan detalles sobre los ajustes mencionados por el gobierno, incluidos su naturaleza, cuándo se planificaron y si hubo otros despidos o cambios estructurales en el departamento por las mismas fechas. También piden a los fiscales que identifiquen a los funcionarios públicos que ordenaron y formalizaron la destitución de Gimenes y que, si se detectan irregularidades, adopten las medidas administrativas o legales pertinentes.

Fuentes: Folha Poder.