A un día de las elecciones del 3 de noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a la Corte Suprema intervenir en su disputa con California sobre los registros electorales del estado. El departamento presentó el lunes un aviso en el que indicó que planea apelar las decisiones de tribunales inferiores que rechazaron su solicitud de detener el procesamiento de ciertas papeletas.
El Departamento de Justicia afirma que identificó a 20.000 personas “probablemente” no ciudadanas en los registros electorales de California y sostiene que sus papeletas deberían retenerse hasta que se verifique su ciudadanía. Un juez federal de distrito y un panel dividido de la Corte de Apelaciones del 9.º Circuito de Estados Unidos se negaron a ordenar al estado que separara las papeletas.
Aún no está claro si la Corte Suprema aceptará el caso o emitirá una decisión antes del día de las elecciones. California y el condado de Los Ángeles han argumentado que la lista federal no es fiable y que crear un nuevo sistema para separar las papeletas mientras la votación está en curso sería impráctico.
En su fallo del viernes, los jueces del 9.º Circuito Mark J. Bennett y Gabriel P. Sanchez advirtieron que conceder la solicitud del Departamento de Justicia podría provocar la privación del derecho al voto y poner en peligro toda la elección del condado. Citaron el principio de Purcell, que generalmente desaconseja cambiar las reglas electorales inmediatamente antes de una elección, así como la autoridad constitucional de los estados para administrar las elecciones.
Los jueces también hicieron referencia a la Ley Nacional de Registro de Votantes, que prohíbe a los estados eliminar sistemáticamente a votantes no elegibles dentro de los 90 días previos a una elección federal. El juez Patrick J. Bumatay, el tercer miembro del panel, discrepó.
Es probable que el número de papeletas realmente afectadas sea muy inferior a 20.000, porque funcionarios del condado descubrieron que muchas personas incluidas en la lista del Departamento de Justicia no estaban registradas activamente para votar y no habían recibido papeletas.
La apelación ante la Corte Suprema es la escalada más reciente en el conflicto del Departamento de Justicia con los funcionarios electorales de California. En las últimas semanas, funcionarios del Departamento de Justicia advirtieron a funcionarios locales que podrían enfrentarse a un proceso penal si se negaban a cooperar con las exigencias federales de separar las papeletas. La semana pasada, el departamento emitió citaciones de un gran jurado a empleados de la Oficina del Registro y Registrador del condado de Los Ángeles.
Fuentes: NPR Politics.