El Superior Tribunal de Justicia de Brasil (STJ) condenó a Sandra Inês Rusciolelli, jueza de apelaciones del Tribunal de Justicia de Bahía, a 14 años y 20 días de prisión. La pena se cumplirá inicialmente en régimen cerrado, y el tribunal también ordenó su destitución del cargo público y le prohibió recibir beneficios de jubilación obligatoria.

La decisión unánime del tribunal especial se produjo en una causa penal derivada de la Operación Faroeste, una investigación de la Policía Federal sobre un presunto esquema de venta de decisiones judiciales para facilitar la apropiación ilegal de tierras en el oeste de Bahía. Rusciolelli fue condenada por corrupción pasiva y blanqueo de capitales.

Los investigadores afirmaron que empresarios pagaron sobornos a jueces a través de abogados a cambio de fallos que favorecieran reclamaciones sobre tierras. La causa del STJ también impuso penas de prisión al hijo de Rusciolelli, Vasco Rusciolelli, y a otros acusados. Vasco, abogado que admitió haber participado en negociaciones para vender decisiones judiciales, recibió una condena de 13 años y 11 meses por corrupción pasiva, blanqueo de capitales y asociación delictiva.

Según la Policía Federal, Vasco recibió al menos 250.000 reales para que su madre emitiera un fallo favorable a una empresa. La Fiscalía Federal afirmó que ambos negociaron sobornos por valor de 4 millones de reales y recibieron 2,4 millones de reales.

Sandra y Vasco habían firmado acuerdos de colaboración con los fiscales. El acuerdo de Sandra, validado por el STJ en junio de 2021, fue descrito como el primer acuerdo de colaboración firmado por una jueza de su rango en Brasil e incluía referencias a 68 personas, entre ellas 12 jueces de apelaciones de Bahía, otros 12 jueces y 15 abogados.

En noviembre de 2024, el juez Og Fernandes anuló los acuerdos tras aceptar una solicitud de los fiscales federales, quienes afirmaron que ambos habían dejado de colaborar, faltado a las audiencias y no pagado las multas exigidas por los acuerdos. Las pruebas obtenidas a través de estos acuerdos siguieron siendo admisibles, pero ambos perdieron los beneficios negociados. La defensa de Sandra dijo entonces que ella había solicitado poner fin a su acuerdo porque las autoridades habían incumplido la confidencialidad.

El STJ también condenó al empresario Nelson José Vigolo, propietario de Grupo Bom Jesus Agropecuária, y al abogado Vanderlei Chilante por corrupción activa y blanqueo de capitales. El abogado Júlio César Cavalcanti Ferreira, exasesor del tribunal de Bahía y primer testigo colaborador de la operación, recibió un indulto judicial.

El tribunal especial del STJ está integrado por los 15 magistrados con más años de servicio en el tribunal y conoce de causas penales que involucran a funcionarios públicos. Otras figuras judiciales también han sido condenadas en casos relacionados con la Operación Faroeste, entre ellas la jueza de apelaciones Maria do Socorro Barreto Santiago y el juez jubilado Sérgio Humberto de Quadros Sampaio.

Fuentes: Folha Poder.