Tres científicos fueron juzgados en Barcelona por una protesta climática de 2023 en la que se arrojó zumo de remolacha contra el edificio de la Delegación del Gobierno. Los hechos no se discuten: uno de los acusados vertió el zumo sobre la fachada, otro sostuvo una pancarta que instaba a los gobiernos a actuar contra el cambio climático y el tercero medió con la policía.
La controversia gira en torno a cómo debe tratarse la protesta conforme a la ley. La Fiscalía ha acusado a los procesados de daños agravados y solicita 18 meses de prisión y una multa de 2.700 € para cada uno. También quiere que los tres paguen conjuntamente 4.132,15 € a la Delegación del Gobierno en Cataluña, cantidad que coincide con la factura por la limpieza especializada de la fachada.
La fiscal argumentó que el edificio es de titularidad pública y que los acusados deberían haber previsto que el zumo dejaría una marca. Un representante de la empresa de limpieza declaró ante el tribunal que la piedra porosa de la fachada no podía limpiarse solo con agua, lo que contradice la afirmación de los acusados de que la sustancia se quitaría fácilmente con agua.
La defensa solicita la absolución y sostiene que la acción no constituyó un delito y estaba amparada por el derecho de reunión. La abogada Solange Hilbert la describió como una protesta de bajo impacto, casi performativa, que causó un ensuciamiento reversible, y dijo que la calle estaba «más sucia por la orina de los perros» que por la acción de los acusados.
Los acusados dijeron que habían elegido el zumo de remolacha porque, en su opinión, podía quitarse con agua y causaría daños. Describieron la acción como una protesta contra la inacción del Gobierno ante la emergencia climática. El juicio ha concluido y el caso está a la espera de una sentencia.
Fuentes: elDiario.es.