Berlín tiene previsto suspender el límite mensual de retirada de efectivo de las tarjetas de prestaciones emitidas a los solicitantes de asilo. Las tarjetas, introducidas en la capital en agosto, sustituyeron los pagos en efectivo; por lo general, sus usuarios solo podían retirar 50 € al mes. El Tagesspiegel informó de que la restricción se levantará por el momento.
La senadora de Asuntos Sociales Cansel Kiziltepe, del SPD, declaró al periódico que el límite de efectivo tiene «un carácter discriminatorio». El Consejo de Refugiados de Berlín había impugnado la introducción de las tarjetas en virtud de la ley estatal contra la discriminación, alegando que distribuir las prestaciones a través de ellas discrimina a las personas que reciben ayudas conforme a la Ley de Prestaciones para Solicitantes de Asilo debido a su condición social.
Emily Barnickel, del Consejo de Refugiados de Berlín, dijo que el grupo se alegraba de que se suspendiera el «límite de efectivo discriminatorio», pero describió la decisión como un «éxito parcial en un camino más largo». El Consejo sostiene que la tarjeta de prestaciones es un síntoma de lo que califica como una ley especial racista, y pide que se derogue la ley y que todas las personas en Alemania tengan los mismos derechos sociales y jurídicos.
La Ley de Prestaciones para Solicitantes de Asilo establece las ayudas para las personas durante los procedimientos de asilo, así como para quienes están obligados a abandonar Alemania y quienes tienen un estatus de residencia tolerada. Sus niveles de prestaciones son inferiores a los de otras formas de asistencia social y limita el acceso a la atención médica en comparación con el seguro médico público obligatorio.
La suspensión no es necesariamente permanente. En Berlín han comenzado las negociaciones de coalición entre La Izquierda, Los Verdes y el SPD. La Izquierda y Los Verdes se han opuesto a la tarjeta, mientras que el programa electoral del SPD también se oponía a ella, según el informe.
También se están impugnando las tarjetas de prestaciones en varios otros estados. Algunas decisiones judiciales preliminares han rechazado la aplicación general de un límite de efectivo de 50 € teniendo en cuenta las circunstancias individuales, pero aún están pendientes los fallos definitivos. Los críticos también afirman que las restricciones a las transferencias y la forma en que las tarjetas identifican a sus usuarios pueden obstaculizar su participación y exponerlos a la discriminación.
Fuentes: netzpolitik.org.