A medida que se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato de EE. UU. de 2026, Donald Trump ha advertido sobre posibles vulnerabilidades en la infraestructura electoral del país y ha alegado que actores extranjeros podrían interferir. Aunque no ha repetido en los mismos términos su afirmación de que las elecciones de 2020 fueron robadas, los demócratas y los expertos electorales consideran que su retórica podría estar preparando el terreno para impugnar resultados desfavorables.

Trump ha apoyado repetidamente ampliar la influencia federal sobre los procedimientos electorales, que tradicionalmente administran los estados. Su administración no logró cambiar las normas sobre el voto por correo antes de las elecciones después de que la Corte Suprema rechazara su intento en septiembre. Tampoco logró aprobar una ley que exigiera a los votantes presentar una prueba de ciudadanía y un pasaporte, un requisito que habría afectado a muchos estadounidenses que no tienen uno.

Los funcionarios electorales de los estados dirigidos por demócratas y los especialistas en derechos electorales están menos preocupados por una toma de control coordinada que por varias acciones menores que podrían crear confusión y socavar la confianza. Encuestas recientes citadas en el informe sugieren que los demócratas podrían recuperar mayorías tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, lo que hace especialmente significativa la declaración de Trump de que aceptaría los resultados si fueran «honestos».

La administración ha presionado a los funcionarios electorales estatales para impedir que voten personas a las que considera no elegibles. Cartas enviadas desde Washington advirtieron que los funcionarios podrían enfrentar cargos penales si no eliminaban nombres de los registros electorales, retenían papeletas o se negaban a contar ciertos votos. Un juez rechazó esas amenazas y declaró que los trabajadores electorales deben poder procesar y contar las papeletas conforme a las leyes estatales y federales, sin intimidación.

El Departamento de Justicia también ha emprendido impugnaciones legales contra procedimientos electorales y papeletas. En California, el Gobierno federal solicitó bloquear papeletas vinculadas a 20.000 personas que describió como probables no ciudadanas. Un tribunal federal de apelaciones rechazó la solicitud por considerarla incompatible con la legislación de California, tras lo cual la administración pidió a la Corte Suprema que interviniera.

En Alaska, el Departamento de Justicia presentó una demanda relacionada con la carrera al Senado en la que participaba el republicano Dan Sullivan. El Gobierno argumentó que un candidato independiente con el mismo nombre había sido incluido en la papeleta como parte de un esfuerzo demócrata para confundir a los votantes e impedir que Sullivan ganara. Un juez desestimó el caso al considerar que no había una forma realista de aislar las papeletas para investigarlas y preservar al mismo tiempo el secreto del voto.

También existen preocupaciones sobre posibles acciones federales el día de las elecciones. Los agentes federales podrían, con una orden judicial, incautar equipos de votación o materiales electorales. Trump dijo en una entrevista de enero que debería haber enviado soldados a los estados disputados después de su derrota de 2020 para confiscar las máquinas de votación supuestamente defectuosas. Este año, el FBI incautó cajas de registros electorales en Georgia, donde Trump perdió frente a Joe Biden por poco más de 11.000 votos. Los resultados de esa investigación no se han divulgado.

Los críticos también han advertido que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas podrían ser desplegados cerca de los centros de votación, lo que potencialmente intimidaría a los votantes en zonas de tendencia demócrata o con alta presencia de inmigrantes. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, no descartó esos despliegues si los funcionarios identificaban una amenaza o disponían de una orden de arresto. Sin embargo, el departamento declaró que no tenía planes específicos para colocar agentes en los centros de votación, mientras que la legislación federal prohíbe enviar personal federal armado a los lugares de votación.

Según informes, un grupo de especialistas estadounidenses en seguridad ha asesorado a gobiernos estatales y legisladores, incluidos republicanos, sobre cómo prepararse para posibles interferencias electorales. Sus recomendaciones han incluido proteger los registros electorales y responder públicamente a las afirmaciones falsas.

La trayectoria de Trump sugiere que las acusaciones de fraude podrían continuar después de la votación. Anteriormente ha afirmado, sin pruebas, que los inmigrantes indocumentados votaron en grandes cantidades, que las máquinas de votación fueron manipuladas y que los trabajadores electorales descartaron papeletas a su favor. También ha cuestionado la legitimidad del voto por correo. A los expertos les preocupa que las afirmaciones repetidas puedan ganar aceptación entre una base republicana cada vez más escéptica respecto a las elecciones estadounidenses, especialmente si unas carreras reñidas generan disputas prolongadas.

El ejemplo más destacado sigue siendo la llamada de Trump en 2020 al funcionario electoral de Georgia Brad Raffensperger, a quien instó a encontrar los votos necesarios para anular su derrota. Sus aliados también presionaron a funcionarios de Michigan, Arizona y Pensilvania, sin cambiar el resultado. La organización States United Action afirma que el número de funcionarios electorales que niegan la legitimidad de las elecciones de 2020 ha aumentado desde entonces en 20 estados, frente a 17 anteriormente.

Los tribunales rechazaron las demandas por fraude de Trump en 2020 porque carecían de pruebas, y casos similares podrían correr la misma suerte. Sin embargo, el informe señala que el Departamento de Justicia podría desempeñar un papel diferente esta vez porque Trump lo ha llenado de leales. En 2020, el departamento se negó a sumarse a las impugnaciones legales; puede que eso no vuelva a ocurrir.

Incluso las demandas fallidas y las acusaciones sin fundamento podrían tener efectos duraderos. Los críticos temen que las advertencias constantes sobre fraude disuadan a los estadounidenses de votar y que un proceso prolongado para certificar los resultados debilite aún más la confianza en las elecciones.

Fuentes: FAZ.