La asequibilidad de la vivienda se ha convertido en una cuestión central en las Islas Baleares, donde la escasez se ha agravado a lo largo de aproximadamente una década y ha dificultado que residentes, servicios públicos y el sector turístico encuentren viviendas asequibles. Desde que asumió el cargo en 2023, el Gobierno de la presidenta autonómica Marga Prohens ha tratado de aumentar la oferta mediante cambios en la planificación, la construcción y los incentivos fiscales, en lugar de establecer topes al alquiler o declarar zonas de mercado residencial tensionado.

La estrategia incluye viviendas a precio limitado, la liberación de suelo adicional para el desarrollo residencial y medidas fiscales que benefician a compradores de vivienda y propietarios. El Gobierno también ha anunciado la eliminación de los impuestos autonómicos para las personas menores de 36 años que compren su primera vivienda, aunque, según la información proporcionada, esa propuesta aún no se había aplicado. Por separado, Prohens se ha comprometido a destinar recursos del Impuesto de Turismo Sostenible a las necesidades de vivienda.

El Gobierno afirma que tiene más de 10.000 viviendas asequibles en distintas fases de desarrollo o planificación para personas que hayan residido en las islas durante al menos cinco años. Sin embargo, muchas todavía no están disponibles. La cifra incluye proyectos en fases muy distintas, mientras que se indica que 4.400 viviendas están en tramitación al amparo de la Ley de Emergencia Habitacional de 2024 y del programa Construir per Llogar.

Un plan para ampliar la vivienda pública de alquiler a través del Instituto Balear de la Vivienda tampoco ha logrado que varios grandes proyectos pasen a la fase formal de tramitación. El Gobierno presentó 47 actuaciones que suman 1.213 viviendas, con una inversión prevista de 228 millones de euros. Afirma que 41 proyectos, con más de 950 viviendas previstas, han sido declarados proyectos de interés autonómico, pero todavía no se han completado.

El programa Lloguer Segur se ha quedado muy por debajo de su objetivo inicial. Su propósito era incorporar al mercado del alquiler 3.000 viviendas vacías propiedad de pequeños arrendadores y ofrecerlas a residentes que cumplieran los requisitos por un precio un 30 % inferior al alquiler tasado por la administración. En junio de 2026 había conseguido 92 propiedades; en los meses siguientes se añadieron 20 más, lo que elevó el total a 112.

El Gobierno también ha creado un marco para proyectos residenciales estratégicos, concebido para desbloquear suelo y acelerar la construcción. Los planes prevén 8.000 viviendas, de las cuales, según la administración, 4.000 serán de precio limitado o protegidas. Sin embargo, la ley no establece una proporción mínima para esas categorías. Eduard Vila, antiguo responsable autonómico de vivienda, ha criticado los objetivos del Gobierno por considerarlos inflados y ha sostenido que algunas medidas equivalen a privatizar suelo. También ha cuestionado los retrasos y las condiciones para construir vivienda protegida.

Los incentivos fiscales siguen siendo una parte fundamental del enfoque del Gobierno. Las medidas que entraron en vigor el 14 de junio de 2026 elevaron el precio máximo de la vivienda que puede acogerse a determinados beneficios del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, redujeron los impuestos sobre las viviendas de precio limitado e introdujeron una deducción para los arrendadores que congelen los alquileres. Otra ley, aprobada ese mes, pretendía agilizar la construcción de vivienda protegida mediante la simplificación de los trámites y la modificación de los requisitos para las promociones públicas.

El Gobierno ha seguido oponiéndose al uso del mecanismo estatal para limitar los alquileres. El 6 de octubre, el Parlamento autonómico rechazó una propuesta socialista que habría permitido a los municipios y al instituto de vivienda iniciar los trámites para declarar zonas de mercado residencial tensionado cuando se cumplieran las condiciones legales. La propuesta fue derrotada por 33 votos frente a 24, con el PP y Vox en contra.

La medida rechazada habría abierto la vía a normas de contención de los alquileres en las zonas que cumplieran los requisitos. El Gobierno autonómico está considerando ahora impugnar legalmente la decisión del Gobierno central de excluir de 180 millones de euros en subvenciones a las comunidades que no hayan adoptado límites al alquiler. La administración de Prohens ha calificado esa decisión de discriminatoria.

Fuentes: elDiario.es.