La ley de libertad de información de Armenia ha seguido vigente a través de protestas, cambios políticos y conflictos, pero los defensores de esta causa afirman que el país aún necesita mayor transparencia gubernamental y un mejor acceso a los datos públicos. La ley, aprobada en 2003 tras una campaña de la sociedad civil, ha tenido pocos cambios importantes desde entonces.

Liana Doydoyan, cofundadora del Centro de Libertad de Información de Armenia (FOICA, por sus siglas en inglés), afirma que la ley se basó en las mejores prácticas internacionales y que, cuando se introdujo, estaba entre las más avanzadas del mundo. Ahora quiere que se actualice para tener en cuenta los avances de la tecnología digital.

El gobierno se ha comprometido a impulsar reformas en materia de lucha contra la corrupción, democracia y administración digital. En el marco de sus compromisos con la Alianza para el Gobierno Abierto, Armenia aspira a establecer un marco jurídico unificado para los datos abiertos de aquí a 2027. Doydoyan afirma que, hasta ahora, los ambiciosos planes no han producido resultados cuantificables.

Armenia aún no tiene un portal gubernamental de datos abiertos. En su lugar, voluntarios de Opendata.am reúnen información de fuentes públicas. El activista Ivan Begtin afirma que el gobierno no ha aceptado la oferta de usar gratuitamente el portal gestionado por la comunidad. También señala la escasa experiencia en datos dentro de la administración pública y un sistema informático fragmentado, con servicios desarrollados en distintos momentos y financiados por diferentes donantes extranjeros.

Los periodistas afirman que en los últimos años se ha vuelto más difícil obtener información útil mediante solicitudes formales. Vahe Sarukhanyan, periodista de investigación de Hetq, dice que a los reporteros críticos se les puede etiquetar como figuras de la oposición, incluso cuando su trabajo se centra en sacar a la luz conductas indebidas. Según él, se invoca la seguridad nacional para denegar solicitudes, en particular las relativas a la guerra con Azerbaiyán.

Quienes buscan información pública describen la calidad y accesibilidad de los registros como un obstáculo más persistente que el secretismo absoluto. Gevorg Tosunyan, periodista de CivilNet, señala que hay bases de datos públicas difíciles de utilizar, entre ellas las que contienen información sobre la propiedad de empresas, y afirma que un registro electrónico de la propiedad de la tierra lleva años sin actualizarse. Los solicitantes pueden impugnar las denegaciones ante los tribunales, pero los casos pueden tardar años en un sistema judicial sobrecargado. En ocasiones, la presión pública puede ayudar: Tosunyan afirma que los funcionarios han divulgado información después de que él planteara el asunto en Facebook.

El artículo también describe la creciente polarización de la sociedad civil armenia y las presiones financieras que afrontan los medios independientes, que a menudo dependen de financiadores extranjeros. FOICA ofrece formación a empleados públicos, supervisa la actuación del gobierno y publica una lista anual de la información que las autoridades han retenido. Pese a los obstáculos, la libertad de información sigue siendo una salvaguarda democrática fundamental en Armenia, afirma el informe.

Fuentes: netzpolitik.org.