Un proyecto de ley preparado por el Ministerio Federal de Justicia de Alemania crearía un marco jurídico para los administradores concursales y otros responsables de procedimientos. Sus defensores señalan la importancia de su trabajo, que puede afectar a acreedores, empleados, sectores industriales y regiones enteras. Actualmente, la profesión está sujeta a una regulación nacional comparativamente limitada.

Stefan Denkhaus, abogado de Hamburgo y portavoz del Gravenbrucher Kreis, rechaza firmemente el proyecto en su forma actual. Argumenta que la propuesta contiene 167 párrafos para una profesión con solo entre 400 y 500 especialistas, y la describe como una regulación excesiva que contradice el objetivo declarado del Gobierno de reducir la burocracia.

La principal objeción de Denkhaus es que la legislación no impediría una conducta profesional deficiente. Ya se producen irregularidades pese a la supervisión de los tribunales de insolvencia, los comités de acreedores y las juntas de acreedores. En algunos casos, los administradores concursales han recibido penas de prisión por apropiarse indebidamente de activos que se les habían confiado. En opinión de Denkhaus, la ley propuesta no resolvería ese problema.

El proyecto responde a las preocupaciones sobre el actual sistema de nombramiento. Unos 150 tribunales locales mantienen listas regionales de posibles administradores concursales, mientras que, por lo general, el tribunal competente tiene libertad para seleccionar a un administrador para un caso concreto. El Tribunal Constitucional Federal cuestionó aspectos de este sistema en decisiones dictadas en agosto de 2004. El marco propuesto también pretende cumplir los requisitos de transparencia de la directiva de la Unión Europea sobre reestructuración e insolvencia. Se invitó a los organismos profesionales a presentar observaciones antes del 23 de octubre.

Denkhaus afirma que el proyecto coloca a los administradores concursales bajo una sospecha generalizada. Critica especialmente las multas propuestas de hasta cinco millones de euros, señalando que los auditores pueden enfrentarse a multas de hasta 500.000 euros. También se opone a registrar las multas en la lista oficial de administradores autorizados antes de que sean firmes, argumentando que esas anotaciones podrían equivaler en la práctica a una prohibición profesional y entrar en conflicto con la presunción de inocencia.

La Asociación de Administradores Concursales y Fiduciarios de Alemania apoya en principio la creación de normas profesionales. No obstante, su presidente, Christoph Niering, ha pedido que las sanciones sean proporcionales y se limiten a infracciones profesionales específicas. Afirma que un marco moderno debería proteger la calidad y la independencia de la profesión sin crear burocracia innecesaria ni estructuras duplicadas.

Como posible solución de compromiso, Denkhaus propone una cámara de licencias profesionales que se encargue tanto de la admisión como de la retirada de la autorización de los administradores concursales conforme a criterios definidos.

También critica que el proyecto no aborde los procedimientos de insolvencia bajo administración propia. Las empresas recurren cada vez más a especialistas en reestructuración durante una crisis, nombrándolos representantes generales autorizados o directores de reestructuración. Estas personas pueden desempeñar funciones similares a las de un administrador concursal junto con un fiduciario designado por el tribunal, pero no estarían cubiertas por la ley propuesta. Denkhaus calcula que aproximadamente dos tercios de las insolvencias en Alemania se tramitan ahora mediante administración propia.

En su opinión, reforzar los tribunales responsables de la supervisión sería más urgente que introducir la ley profesional propuesta. Señala la carga de trabajo y las necesidades de formación de los funcionarios judiciales, así como la falta de personal en las unidades administrativas de los tribunales. En el Tribunal Local de Berlín-Charlottenburg, afirma, actualmente solo están cubiertos cinco de los aproximadamente dos docenas de puestos de las unidades de servicios.

Fuentes: FAZ.