Comillas, una localidad costera conocida por su arquitectura modernista, sus mansiones históricas y sus destacados visitantes estivales, afronta una escasez de vivienda que, según sus residentes, dificulta cada vez más vivir en el municipio durante todo el año. La presión se extiende a localidades cercanas como Ruiloba, donde también escasean las viviendas asequibles en alquiler o en propiedad.

La localidad tiene 2.145 residentes empadronados, pero las mediciones municipales mediante teléfonos móviles registraron casi 26.000 visitantes diarios a mediados de agosto de 2026. Según el último Censo de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística, el 70% del parque de viviendas de Comillas está compuesto por segundas residencias que permanecen vacías durante la mayor parte del año.

Los datos municipales sobre las principales licencias de obra concedidas en 2025 también reflejan el peso de la demanda externa. El 40% de las solicitudes procedió de sociedades limitadas, mientras que el 45% fue presentado por personas físicas cuyo domicilio registrado se encontraba fuera de Cantabria. Solo el 15% de los solicitantes vivía en Comillas.

Julián Rozas, primer teniente de alcalde de la localidad y concejal socialista, afirma que las condiciones actuales del mercado están expulsando a los residentes de su propio municipio. Describe los efectos sobre las familias, los trabajadores locales y las comunidades escolares, y advierte de que Comillas podría convertirse en un destino estacional en el que los residentes se marchen a dormir a otro lugar una vez que terminen los eventos y la actividad turística.

La escasez de vivienda también está afectando a los negocios locales. Según Rozas, algunos operadores de hostelería han tenido que comprar y reformar viviendas antiguas para alojar a los empleados temporales, porque la falta de vivienda dificulta la contratación de personal.

En octubre de 2026, el pleno municipal aprobó encargar una auditoría técnica independiente para elaborar el informe exigido por la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda. El estudio determinará si Comillas cumple los criterios para ser declarada zona de mercado residencial tensionado.

El ayuntamiento ya había pedido al Gobierno de Cantabria en noviembre de 2024 que preparara los estudios de mercado necesarios. Después de lo que los representantes municipales describen como dos años sin respuesta de la administración regional, la localidad ha decidido financiar su propio informe.

La auditoría examinará si los costes del alquiler o de la hipoteca superan el 30% de los ingresos medios de los hogares y comparará la evolución de los precios de la vivienda con la inflación. Si se cumplen los requisitos legales, la declaración podría limitar los incrementos en los nuevos contratos de alquiler y ofrecer incentivos fiscales de hasta el 90% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para los pequeños propietarios que ofrezcan alquileres asequibles.

El ayuntamiento también ha restringido los alojamientos turísticos mediante el plan general de ordenación urbana, que permite viviendas destinadas a uso turístico únicamente en las plantas bajas. La alcaldesa, Teresa Noceda, del Partido Regionalista, afirma que se ha rechazado más de la mitad de las solicitudes. De las 243 viviendas de uso turístico incluidas en la página web regional, el municipio ha concedido licencia a 120 que cumplen las normas urbanísticas locales.

Noceda sostiene que limitar los alquileres turísticos no será suficiente y reclama una mejor información sobre las viviendas vacías, así como suelo público para vivienda protegida. El ayuntamiento está tramitando la décima modificación de su plan urbanístico y espera la aprobación de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Su objetivo es poner parcelas municipales a disposición del Gobierno regional para construir vivienda pública.

Rozas, sin embargo, cuestiona que la vivienda protegida en propiedad sea asequible a nivel local. Señala que los precios oficiales superan los 2.000 euros por metro cuadrado en Comillas, lo que situaría una vivienda de 80 metros cuadrados en torno a los 200.000 euros. Por ello, defiende priorizar la vivienda pública de alquiler asequible y señala que las viviendas saldrían al mercado libre después de 20 años.

El ayuntamiento debe determinar ahora cómo contratar la auditoría, ya sea mediante un contrato menor o una licitación abierta. Rozas afirma que el procedimiento debería garantizar la máxima transparencia. Prevé que el trabajo se base en gran medida en datos públicos del Instituto Nacional de Estadística y del Instituto Cántabro de Estadística, aunque todavía no ha fijado una fecha de finalización.

Compara la situación con el País Vasco, donde las autoridades regionales elaboran estudios por iniciativa propia para ayudar a los municipios a solicitar la declaración de zonas tensionadas. En Comillas, afirma, la falta de actuación del Gobierno de Cantabria ha dejado al municipio la tarea de impulsar y pagar el proceso por sí mismo.

Fontes: elDiario.es.